Luis Ger, defensor del Pueblo de la Capital, expresó –en diálogo con Nuevo Diario– su enérgico repudio a la decisión del Gobierno nacional de modificar la cobertura de medicamentos y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para los sectores más vulnerables.
Según Ger, la medida profundiza las dificultades de acceso a tratamientos esenciales y traslada mayores responsabilidades a las provincias, en un contexto de restricciones presupuestarias.
El defensor cuestionó la política sanitaria de la administración de Javier Milei y consideró que la reducción de la provisión de medicamentos afecta especialmente a quienes dependen de la asistencia estatal para sostener sus tratamientos.
El ombudsman señaló que, de acuerdo con su interpretación de la Resolución 1447/2026, la cobertura quedaría limitada a un grupo reducido de medicamentos (de 128 a solo 6), con exclusiones que alcanzarían a tratamientos de uso frecuente.
Entre los ejemplos, mencionó la metformina, utilizada para la diabetes; la levotiroxina, indicada para trastornos de la tiroides; la amoxicilina, un antibiótico, y el salbutamol, empleado en determinadas afecciones respiratorias.
"Es un gobierno sin empatía, que defiende a los que más tienen y vulnera los derechos de los que menos tienen", sostuvo al cuestionar el rumbo de la política nacional.
En ese sentido, advirtió que la falta de cobertura puede convertirse en un obstáculo para miles de personas que no cuentan con recursos suficientes para adquirir sus medicamentos de manera particular.
Solicitará que se deje sin efecto la disposición o que se garanticen esenciales
Luis Ger explicó que en la Defensoría del Pueblo, que se encuentra en Avellaneda 522, reciben habitualmente reclamos vinculados sobre la falta de medicamentos incluidos en programas nacionales. Frente a esas situaciones, indicó que desde el Gobierno de la Provincia procuran dar respuestas dentro de sus posibilidades, aunque alertó que una reducción adicional de la asistencia nacional agravaría el escenario.
El defensor remarcó que las autoridades de cada provincia deberán afrontar una mayor demanda de atención y provisión de medicamentos con recursos limitados. A su entender, la disminución de los fondos que reciben por coparticipación complica todavía más la posibilidad de compensar las prestaciones que dejan de garantizarse desde Nación.
En ese marco, el ombudsman advirtió que el impacto de la medida no se limita a una discusión administrativa, sino que compromete la continuidad de tratamientos y las condiciones de vida de las personas que dependen de la salud pública.
"Lo que no pueda cubrir el programa nacional y tampoco puedan cubrir las provincias va a generar mayor dolor", manifestó, al insistir en que las consecuencias recaerán principalmente sobre quienes tienen menos posibilidades económicas.
El ombudsman anticipó que avanzará con una resolución desde la Defensoría y que solicitará en el Congreso que se deje sin efecto la disposición cuestionada o se impulse una legislación que garantice la continuidad de la cobertura de medicamentos esenciales.
Ger reconoció que la iniciativa podría encontrar dificultades para prosperar en el ámbito legislativo, pero sostuvo que corresponde plantear institucionalmente el reclamo y defender los derechos de la población afectada.


















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