La Defensoría del Pueblo de Capital, a cargo de Luis Ger, manifestó su preocupación por el marcado crecimiento de la morosidad de los hogares en tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamientos otorgados por billeteras virtuales, fintech, empresas financieras y otros proveedores no bancarios.
Según datos correspondientes a junio de 2026, citados por el organismo a partir de un informe elaborado por la Universidad Austral y EcoGo con información de la Central de Deudores del Banco Central, el 18,8% del monto total de los créditos otorgados a personas físicas se encuentra en situación irregular.
El relevamiento señala además que la mora alcanza al 14,9% dentro del sistema financiero, mientras que asciende al 28,8% entre los proveedores no financieros de crédito. A su vez, el 30,1% de las personas endeudadas registra al menos una obligación en mora.
La Defensoría sostuvo que la situación de las familias de Santiago del Estero resulta incluso más preocupante que el promedio nacional, donde la mora representa el 17,5% del crédito destinado a los hogares y alcanza al 26,1% de los deudores.
Crédito para cubrir necesidades básicas
El organismo planteó que uno de los principales cambios observados en los últimos meses es el destino del endeudamiento. Según advirtió, una parte de las familias ya no recurre al crédito principalmente para adquirir bienes de mayor valor, sino para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos, alquileres, impuestos, transporte y servicios públicos.
En ese contexto, la Defensoría consideró que cuando los ingresos de los hogares no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, el financiamiento deja de funcionar como una herramienta para concretar proyectos y pasa a convertirse en una extensión necesaria del ingreso familiar.
El problema se profundiza cuando las deudas acumulan tasas elevadas, intereses punitorios, comisiones y refinanciaciones sucesivas, ya que una obligación inicialmente manejable puede terminar convirtiéndose en una deuda difícil de cancelar.
Para el organismo, los niveles actuales de incumplimiento no deberían interpretarse simplemente como una consecuencia de decisiones individuales, sino como una expresión de las dificultades económicas y de la pérdida de capacidad de compra de las familias.
Reclamo por medidas de alivio
La Defensoría recordó que durante 2025 ya había advertido al Banco Central de la República Argentina sobre el aumento del uso de tarjetas y préstamos personales para financiar consumos esenciales.
Ante el agravamiento de la situación, el organismo anunció que renovará los planteos realizados anteriormente y reclamó la implementación de un régimen extraordinario y voluntario de refinanciación de deudas familiares, con tasas razonables, plazos adecuados, cuotas acordes a los ingresos y períodos de gracia.
También pidió establecer controles sobre el Costo Financiero Total, intereses punitorios, comisiones, seguros y cargos adicionales, además de reforzar el cumplimiento de la normativa vigente sobre tarjetas de crédito.
El planteo incluye a bancos y compañías financieras, pero también a emisoras no bancarias de tarjetas, billeteras virtuales, fintech, comercios, mutuales, cooperativas y otros proveedores de financiamiento al consumo.
La Defensoría también reclamó que las empresas realicen una evaluación efectiva de la capacidad de pago de quienes solicitan préstamos y que los consumidores reciban información clara sobre capital, tasas, Costo Financiero Total, comisiones y monto final a devolver.
Una situación que requiere controles
Entre las medidas propuestas también figura la necesidad de evitar prácticas abusivas de cobranza, hostigamiento, cargos ocultos, débitos no autorizados y refinanciaciones automáticas que puedan incrementar de manera indefinida las obligaciones.
Además, el organismo solicitó la publicación periódica de estadísticas desagregadas por entidad, tipo de crédito y provincia, con el objetivo de conocer con mayor precisión la situación de Santiago del Estero.
Otro de los pedidos consiste en crear una Línea de Financiamiento Social Esencial, destinada a cubrir necesidades vinculadas con alimentación, salud, vivienda, servicios públicos y otros gastos básicos.
La Defensoría aclaró que las medidas propuestas no buscan eliminar las obligaciones asumidas por los deudores, sino generar condiciones que permitan afrontarlas y evitar que una dificultad económica termine provocando una exclusión financiera permanente.
En ese sentido, el organismo sostuvo que cuando una deuda se vuelve imposible de cancelar, deja de cumplir una función de financiamiento y puede transformarse en un factor de vulnerabilidad económica y social.
Finalmente, la Defensoría informó que continuará recibiendo consultas y reclamos de personas afectadas por intereses excesivos, cargos indebidos, falta de información o mecanismos abusivos de cobranza, mientras avanza con nuevas presentaciones ante las autoridades nacionales.


















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