Agrandar imagen Enviar Imprimir Restablecen pensiones por discapacidad con pagos retroactivos y advierten sobre intentos de estafa Unirme al canal de Whatsapp de "Nuevo Diario Web" La Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo del Dr. Daniel Escobar Correa, informó que comenzaron a normalizarse los pagos de pensiones y beneficios por discapacidad, luego de que la Justicia Federal ordenara el restablecimiento de las prestaciones que habían sido suspendidas, retenidas o dadas de baja de manera masiva por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según se detalló, tras quedar firmes las resoluciones judiciales y administrativas, los beneficios empezaron a abonarse durante el mes de diciembre de 2025, incluyendo los montos retroactivos correspondientes, de acuerdo con la fecha en que cada prestación fue interrumpida. La medida alcanza a beneficiarios de todo el territorio nacional que habían quedado injustamente privados de un ingreso esencial para su subsistencia. Alerta por intentos de estafa Desde la Defensoría advirtieron que este proceso generó un contexto propicio para que personas inescrupulosas intenten aprovecharse de la vulnerabilidad de los beneficiarios, ofreciendo supuestas “gestiones”, “intermediaciones” o “aceleración de trámites” a cambio de dinero, lo cual es absolutamente irregular. En ese sentido, remarcaron que: Todos los trámites vinculados a pensiones por discapacidad son completamente gratuitos. No se cobran tasas, honorarios ni ningún tipo de contraprestación. Las gestiones se realizan de forma personal y directa en la sede central de la Defensoría del Pueblo y en sus delegaciones del interior provincial. Asimismo, se solicitó a la ciudadanía que denuncie de inmediato cualquier intento de cobro o intermediación ante la Defensoría del Pueblo, sus delegaciones o la Policía de la provincia, ya que los procesos judiciales y administrativos se encuentran en etapa de ejecución y cumplimiento. Un conflicto evitable y el rol de la Justicia La suspensión de las pensiones se produjo en el marco de políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional, que derivaron en la interrupción de beneficios sin el debido proceso administrativo, sin notificación adecuada y sin respetar los plazos y garantías legales vigentes. La intervención de la Justicia Federal fue clave para revertir la situación, ordenando la restitución inmediata de las prestaciones con carácter retroactivo y reafirmando que las auditorías en materia de discapacidad deben realizarse conforme a la ley, con criterios claros y pleno resguardo de los derechos de las personas afectadas. Compromiso institucional Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de acompañar, orientar y proteger a las personas con discapacidad y a sus familias, garantizando el acceso igualitario a los derechos y el seguimiento permanente del proceso de pago hasta su total normalización.